La problemática de respeto a los derechos humanos en Chile, a pesar del término de la dictadura de Pinochet, continúa siendo una tarea pendiente del Estado chileno y de quienes han gobernado el país durante ya casi 20 años, en este periodo llamado de post dictadura o de transición accidentada y no terminada.
En este sentido son innumerables los llamados de atención de diversos organismos internacionales relacionados con el tema y del propio Consejo de DD.HH de la ONU, sobre la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos originarios chilenos, de la situación denigrante existente en las cárceles chilenas, de papel jugado por los Tribunales de Justicia en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet y el castigo a los represores militares y civiles involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Por ejemplo en septiembre pasado el gobierno chileno tuvo el desparpajo y la inmoralidad de no reconocer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la aplicación de la ley antiterrorista de forma abusiva ante el conflicto que se vive con las comunidades mapuches que luchan por sus reivindicaciones y derechos ancestrales. Y esto no solo tiene que ver con la militarización y la brutal represión que se lleva a cabo con la lucha de los pueblos originarios chilenos, también tiene que ver con el despojo de sus tierras por la clase económicamente dominante a través de estos casi 200 años de “vida republicana”, y en donde también esta inserta la memoria histórica.
Con respecto a los hechos de violencia que se ha estado produciendo en la región de la Araucanía el abogado del Observatorio Ciudadano, José Aylwin afirmo que” el Estado, a través de sus efectivos policiales militares, está vulnerando los derechos humanos y está ejerciendo violencia que está afectando a inocentes como son los niños, tal como lo ha denunciado la propia Unicef", señalo el abogado a los medios de prensa nacionales. Luego agrego…"aquí se produce una estigmatización y se da cuenta de una situación de violencia, pero el Estado que es el garante del bien común y los funcionarios policiales que deben hacer respetar los derechos humanos, están generando un espiral de violencia que no corresponde a un Estado de Derecho", enfatizo.
Si bien es cierto que la presidenta Bachelet ha desplegado algunos pocos esfuerzos para que a la luz de la historia esclarecer esta materia y avanzar en la creación del Instituto de Derechos Humanos y del Museo de la Memoria, más aun cuando se trata de una persona que vivió en carne propia las violaciones de esos derechos. No es menos cierto que las intenciones de la primera mandataria, se han realizado al margen de lo que piensan los propios organismos de derechos humanos chilenos y de las organizaciones de los familiares que fueron víctimas de los aparatos represivos y de muerte del régimen militar.
Pero no solo eso, la creación del mentado instituto tampoco obedece a las directrices centrales que emanan de los organismos de las Naciones Unidas, ni de las organizaciones internacionales que observan y salvaguardan la situación de los derechos humanos en el mundo.
En este plano en el parlamento de la nación, las posiciones están encontradas y no existe un acuerdo por legislar de forma satisfactoria sobre esta materia, ello debido a que un sector del conglomerado de gobierno es partidario de borrón y cuenta nueva, dando paso a sí a la más absoluta impunidad, cuestión en la cual cuentan con el apoyo de los parlamentarios del pinochetismo, representados por la Alianza por Chile, dañando gravemente la memoria histórica reciente del país.
Parlamentarios, autoridades de gobiernos y líderes políticos de la Concertación, de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), han manifestado en reiteradas ocasiones de que los hechos del pasado deben ser superados y no se debe seguir escarbando sobre ellos. En este sentido el pinochetismo y los que defienden su legado político, con la complicidad de algunos sectores de la Concertación buscan borrar todo vestigio o recuerdo de lo que fueron los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias posteriores en el plano de la violación sistemática de los derechos humanos, producidos por la dictadura militar encabezada por el dictador Pinochet y sus esbirros.
En el plan de la justicia si bien es cierto que se han dado algunos pocos pasos, aún se esta muy lejos de dar paso a la justicia y el esclarecimiento de la verdad histórica de forma integral. Algunos militares han sido procesados por estar involucrados en crímenes de lesa humanidad. Sin embargo los militares que han sido condenados han tenido tratos especiales y han pasado a cumplir sus penas en cárceles de lujos, con privilegios que no tienen los reos de una cárcel común y corriente y que fueron construidas especialmente para tales efectos, las cuales son custodiadas por personal militar, violando así la igualdad de derechos ante la ley.
Pero en materia de derechos humanos y en relación a las fiestas del Bicentenario a vivirse el próximo año en el país del cono sur, los sectores mas conservadores y reaccionarios de la Iglesia Católica chilena, junto a la complicidad encubierta de la casta política que no quiere saber nada de derechos humanos en Chile, andan tras la búsqueda de lo que han llamado el “indulto presidencial” para los militares fascistas que cometieron crímenes de lesa humanidad bajo la dictadura militar.
Finalmente y a propósito de las elecciones presidenciales y parlamentarias a realizarse en diciembre próximo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, curso una invitación a los candidatos presidenciales para que suscribieran un compromiso por el respeto pleno a los derechos humanos.
Entre los aspectos que contempla el documento está la anulación de la Ley de Amnistía de 1978, terminar con la Ley de Secreto que impide conocer el nombre de los torturadores de la dictadura y el envío al Congreso de una iniciativa que tipifique la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad, entre otras materias.
La dirigenta de la AFDD, Mireya García, sostuvo que el documento "integra temas nuevos y contingentes, como la criminalización de la protesta social" comparado con el acuerdo al que se comprometió Michelle Bachelet en el 2005 y que no ha vuelto a ratificar.
Sólo Jorge Arrate candidato presidencial de la izquierda, representando al Junto Podemos Más-Frente Amplio y Marco Enríquez-Ominami representando a los “progresistas liberales” suscribieron un compromiso con la defensa de los derechos humanos durante su eventual gobierno ante la AFDD.
De acuerdo a declaraciones vertidas por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro a medios de prensa nacionales, el abanderado presidencial de la Concertación, el ex presidente, senador y empresario encubierto, que proviene de las filas de la Democracia “Cristiana”, no concurrió porque discrepa con eliminar la criminalización de las demandas indígenas y desmilitarizar la zona del conflicto mapuche. Ahora de acuerdo a otras versiones de prensa se destaca que Eduardo Frei siempre ha sido partidario de la aplicación de leyes de punto final, dando por superada la situación de las violaciones sistemáticas cometidas bajo el régimen militar.
Ahora el candidato que representa a los grandes empresarios y el legado político y económico de la dictadura pinochetista, el especulador financiero y empresario Sebastián Piñera, se escudo de participar en el encuentro por una presunta descoordinación para estar presente.
Ahora lo cierto es que ambos candidatos, Frei (Concertación) y Piñera (pinochetismo), siempre han expresado una falta real de compromiso con los derechos humanos, la memoria histórica y las negociaciones que se han realizado en el parlamento para aprobar la creación del Instituto de Derechos Humanos.
Lorena Pizarro finalmente recordó que la lucha por la defensa de los DDHH es "sin claudicaciones", por lo que instaron a los abanderados presidenciales a "firmar con seriedad para que quien llegue a La Moneda lo cumpla, no solo por los familiares, sino porque Chile lo necesita".
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